por JAVIER
BRANDOLI
05-04-2015
Los indios wixárikas denuncian
que les han robado el sol. Los indios yaquis, más al norte, dicen
que lo que les roban es el agua. Y, al sur, los mayas luchan
por que les permitan sacar provecho de sus tierras y de sus abejas sin que
nadie se las contamine. Son sólo tres ejemplos de lo que pasa en el
multicultural México, en el que conviven, no siempre con facilidad, 15
millones de indígenas repartidos en 62 grupos étnicos. En muchos casos,
estos descendientes de los primeros pobladores no son más que un estorbo para
los intereses políticos y empresariales que les rodean. Otros, sin embargo,
critican que son ellos los que hacen un uso interesado de sus derechos
históricos sin atender al bien común.
El dedo en la llaga lo puso recientemente
el escritor Fernando del Paso, que, en un muy mencionado discurso
al recibir el Premio Emilio Pacheco, encendió al país con un llanto hecho
letras en el que le decía a su amigo recientemente muerto: "¡Ay, José
Emilio! Es una vergüenza que tengamos que vivir muchos años para enterarnos de
la existencia de más de 60 lenguas en nuestro territorio, por ejemplo el
wixárika o kickapoo, cada vez que el grupo indígena que habla una de esas
lenguas sea víctima de un despojo, de un ultraje a la sacralidad de su
territorio, o cuando el río o los ríos que lo sustentan se vean
contaminados por una empresa minera o por la irresponsabilidad de las
autoridades".
El
sol
Del Paso hablaba, por ejemplo, del caso
Wirikuta, una múltiple concesión minera otorgada por el Gobierno a diversas
empresas, algunas canadienses, en terrenos sagrados para los wixárikas
(huicholes, en español) e incluidos por la Unesco en su Red Mundial de
Sitios Sagrados Naturales. "Según la cosmovisión de este pueblo, en
Wirikuta, más concretamente en el Cerro Quemado, es donde nació el sol y
culminó la creación del universo", explica la investigadora María
Julieta Lamberti. Con más rotundidad lo cuentaSantos de la Cruz,
coordinador del Consejo Regional de los Wixárikas, que resume así lo que supone
ese trozo de su tierra para ellos: "Es fundamental, ahí está el comienzo
de la vida y nuestras raíces. Para nosotros es como para los católicos la
Virgen de Guadalupe o para los musulmanes La Meca".
Pero lo mundano, cuando se trata de sacar
plata y oro, poco sabe de lo divino y, tras el anuncio de que se iba a
desacralizar el territorio, comenzó una lucha legal de la tribu para impedir
que se acabara con su templo natural base de toda su vida social. Las demandas
interpuestas por el Centro Mexicano del Derecho Ambiental(Cemda)
han conseguido parar temporalmente cuatro de los cinco grandes proyectos
mineros. Sin embargo, hay ya una empresa minera operando en la zona. "De
las cuatro restantes, una de las explotaciones es a cielo abierto. Eso
influiría en los altares sagrados de los wixárikas (rocas, templos, ojos de
agua...) y en su peregrinar sagrado a Wirikuta, protegido por la Unesco, de más
de 500 kilómetros a pie para encontrarse con sus dioses", señala la
coordinadora de Cemda, Úrsula Garzón. «"Nos cayó un manto de
agua encima cuando nos enteramos", incide con pena y rabia el wixárika
Santos, que advierte: "Mantendremos la lucha de nuestro pueblo".
Cuando los indígenas pidieron que se
concediera protección medioambiental a las 191.000 hectáreas que componen
Wirikuta para intentar parar el proyecto, algunos políticos locales les echaron
a la población campesina encima diciéndoles que "los wixárikas os van a
echar de vuestras tierras", recuerdan los abogados. "Hubo
algo de tensión de campesinos que insultaban a los indígenas en su
peregrinación e, incluso, hace dos años algunos líderes sufrieron
amenazas", recuerda Úrsula Garzón. Un claro ejemplo de ese conflicto
permanente en México entre las creencias minoritarias de unos y los intereses
mayoritarios de los otros. Los wixárikas, por su parte, siguen tomando su
peyote para recorrer, como hacen desde cientos de años, su sagrada sierra y
encontrarse con sus dioses y aquel lugar donde se creó el sol. Hoy las minas amenazan con
enterrarlo bajo escombros.
El agua
Más duro aún es el caso de los yaquis, la
tribu maldita de México. El 85% de sus integrantes vive en la pobreza. Los casi
40.000 indígenas que quedan de esta tribu en el estado de Sonora, que
afrontaron a finales del siglo XIX un casi exterminio tras la conocida como
Guerra Yaqui (se enfrentaron a las autoridades federales que pretendían
colonizar su territorio y acabó con la deportación de miles de sus miembros al
Yucatán), vuelven a luchar por su tierra, más bien por su agua en este caso.
"Antes que nada, somos yaquis", explica Tomás Rojo, el
único portavoz libre de la tribu que queda y prófugo de la Justicia con orden
de busca y captura en Sonora. "Me he venido al DF para evitar ser detenido
también", confiesa. En su declaración de identidad hay toda una
declaración de principios, que remata afirmando que "con la Corona
española había mejor relación y más respeto a nuestra identidad".
La última guerra de su pueblo tiene que
ver con el agua. El Gobierno de Sonora ha decidido hacer un trasvase de
agua, en el llamado Acueducto Independencia, que, según los yaquis,
les pertenece. "Tenemos un decreto del presidente Lázaro Cárdenas que nos
reconoce el uso de nuestra tierra. De los 840 millones de metros cúbicos del
caudal del río yaqui, el 50% es nuestro", dice Tomás Rojo.
La realidad es compleja, porque aquel
decreto habla de la mitad de la entonces única presa existente y hoy hay ya
tres. "En el año 62 se estableció que sobre el caudal del río les
corresponden a los yaquis 250 millones de metros cúbicos y sólo les llegan
ahora 200", explican sus representantes legales de Cemda. El trasvase saca
entre 30 y 60 millones de metros cúbicos anuales.
Para complicar más la situación, los
dueños de esa ingente cantidad de agua pasan sed. La mayor parte de los
pueblos yaquis carece de tuberías para llevar agua a los hogares y la poca agua
que beben proviene de pozos en muchos casos contaminados. Las autoridades
políticas les han prometido hacer obras, pero no se han concretado.
Algunos estudios realizados sostienen que
esa falta de agua está afectando a la tribu en graves temas de salud y en el
retroceso de sus cultivos. "Las autoridades de Sonora han comenzado una
campaña de desprestigio contra los yaquis, acusando a la tribu de
querer quitar el agua a los ciudadanos de Hermosillo", apuntan en Cemda.
Todo dentro de la primera experiencia
judicial de los yaquis, acostumbrados a resolver de otra forma sus conflictos,
que, además, se enfrentan a que los otros dos portavoces de la tribu están encarcelados
porque la policía les relaciona con un caso de tortura.
Los yaquis, como otros pueblos indígenas,
tienen reconocido en México la aplicación de sus propias leyes dentro del grupo
tribal. Por un caso de seguridad vial, un ciudadano yaqui fue condenado por el
Gobernador de la tribu a ser amarrado a un palo durante dos días. El torturado
presentó una denuncia a la policía estatal y se decidió "curiosamente
detener a los dos portavoces que estaban paralizando el acueducto",
denuncia Úrsula Garzón. "Está más que demostrado que ninguno estaba en el
lugar de los hechos y que no tienen relación con él, pero a las autoridades les
interesaba acabar con el movimiento de lucha contra el trasvase. Es la primera
vez que se aplica una sentencia de este tipo", afirma. Fuentes de la
investigación policial y judicial niegan estos argumentos.
Por su parte, el responsable de aguas de
Hermosillo, René Luna, contradice todas las acusaciones. "No
se está quitando agua a nadie. Nosotros compramos el agua a los pueblos ribereños,
dueños de esos derechos, y la trasvasamos para consumo humano en la ciudad de
Hermosillo a 600.000 personas que la necesitan. La Corte Suprema nos ha
dado ya la razón en las demandas interpuestas".
Luna acepta que se trata de una disputa
histórica de los yaquis por el decreto de Cárdenas que "nada tiene que ver
con este caso" y cree que "la protesta tiene un tinte político".
Algunas fuentes del Ministerio de Medio Ambiente aseguran
incluso que "son los yaquis los que venden el agua a industrias",
desmontando el argumento de que los indígenas pasan sed y se les secan los
cultivos.
"Nosotros vamos a respetar la
ley", concluye Luna, mientras Tomás Rojo, el prófugo portavoz de la tribu,
dice que ha "hablado con los mayores y ellos dicen que apliquemos la ley
yaqui". Hace no tantas décadas, eso equivalía a una declaración de
guerra ante los que intentaban entrar en su entorno.
La tierra
En el Yucatán, el caso está relacionado
con la tierra, la agricultura. Allí los mayas se están viendo perjudicados
por las plantaciones de transgénicos de los campos adyacentes. Los
indígenas, que practican desde tiempos prehispánicos la apicultura, se
encontraron con que el permiso concedido por el Gobierno de plantaciones
transgénicas de soja les vetaba sus rentables exportaciones a Europa. "En
la UE vetaron su comercialización por poder estar contaminada con cultivos
transgénicos", explican en Cemda. Un juez ha dado amparo a las
reclamaciones de los apicultores mayas contra el gigante de los transgénicos
Monsanto por, entre otras cosas, "no haberse producido consulta por parte
del Gobierno a los grupos indígenas". La victoria de este humilde grupo de
campesinos indígenas frente a un gigante empresarial fue considerada
"histórica" por los grupos de defensas de derechos civiles. La
mención del juez a la falta de consulta es para los indígenas una importante
jurisprudencia.
EL MUNDO ha intentado sin éxito hablar con
la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas de México, creada para defender y
desarrollar a estos colectivos.
Fuente:
http://www.elmundo.es/internacional/2015/04/05/55200c10e2704ec5108b4585.html
Foto: Lool
Flor Imar
