Wirikuta y el gatopardismo del gobierno federal
Por: Francisco Cravioto, investigador del área de Presupuestos y Políticas
Públicas.
29 MAYO, 2012
El jueves pasado, como muchos otros, recibí con alegría la
noticia de que la compañía minera Real Bonanza cedía su concesión sobre el
Cerro Quemado a la Secretaría de Economía para que esta dependencia creara
una reserva minera o, dicho en otros términos, un área no concesible
a las actividades de extracción mineral. Sin embargo, el anuncio de
inconformidad por parte del Consejo Regional Wixárika en Defensa de Wirikuta
serenó mi estado de ánimo y me incitó a estudiar con más profundidad cuáles
eran las implicaciones reales de esta noticia.
Básicamente, el gobierno federal propone dos cambios: uno a
partir de la Secretaría de Economía (SE), y otro desde la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La Secretaría de Economía anunció que
la empresa Real Bonanza, subsidiaria del consorcio canadiense First Majestic
Silver Corp., estaba dispuesta a ceder sus títulos de concesión, sin
remuneración alguna, sobre 761 hectáreas localizadas en torno al Cerro Quemado,
altar sagrado para el pueblo wixárika en tanto que marca el sitio de nacimiento
del Sol. La SE incorporaría estas 761 hectáreas a un terreno de aproximadamente
45 mil hectáreas donde establecería unareserva minera. Según el secretario
Bruno Ferrari, la figura de reserva minera —desconocida hasta entonces— se
refiere a un terreno que el gobierno no puede concesionar.
Suena bien, ¿no? Pues resulta que estas 45 mil hectáreas no
retiran derechos a ninguna de las concesiones existentes. Esto es, el terreno
que sobró de la repartición entre las empresas mineras sería lo único que la
reserva minera protegería. Adicionalmente, incluye los terrenos de una vía
férrea que, por ser terreno federal, no puede ser concesionada. Por otra parte,
el Consejo Regional Wixárika ya había rechazado anteriormente el “regalo” de
761 hectáreas por parte de la minera Real Bonanza, pues lo consideraban como un
soborno para poder comenzar a explotar zonas vecinas. Es más, esas hectáreas ya
se encontraban protegidas de cualquier actividad minera por una medida cautelar
judicial a raíz de que los wixáricas promovieron un amparo contra Real Bonanza.
Lo preocupante es que la declaración de un área natural
protegida federal no cambia, en lo sustantivo, la situación actual, puesto que
ya existe un área natural protegida estatal en la zona y el conflicto persiste.
Los opositores a la actividad minera en el territorio sagrado de Wirikuta
recibieron la noticia con escepticismo: señalan que, a pesar de la existencia
de un área natural protegida, han proliferado actividades de alto impacto
ambiental como lo es la agroindustria jitomatera. Esta actividad ha provocado
grandes daños por desmonte y sobreexplotación de las escasas fuentes de agua de
la zona. ¿Por qué no se les solicitó que elaboraran una manifestación de
impacto ambiental antes de echar a andar su producción? Si no se detuvo a los
productores de jitomate, ¿qué garantías existen de que la Semarnat aplicará un
criterio restrictivo en la evaluación de las manifestaciones de impacto
ambiental de las empresas mineras?
En resumen, a pesar de los cambios propuestos por estas
dependencias, lo único que detiene a las mineras para comenzar a explotar la
zona es un solo trámite: la aprobación de una manifestación de impacto
ambiental. El gobierno federal considera que ésta es garantía suficiente para
satisfacer las demandas de los opositores. Los wixárikas, por el contrario,
demandan más garantías. El anuncio con bombo y platillo de un viraje en la
política federal promovidos por estas dependencias federales parece señalar
cambios profundos en el territorio sagrado de Wirikuta; sin embargo, deja a los
wixárikas en una situación de vulnerabilidad exactamente igual a la existente
antes de que los secretarios plantearan sus propuestas. Como dijo el Príncipe
de Salina en la novela de Lampedusa: “Todo tiene que cambiar para que todo
pueda permanecer igual”.
Cualquier determinación sobre el futuro de Wirikuta, por
favorable que sea, debe surgir del consenso de las comunidades para las cuáles
este territorio representa un pilar de su cosmogonía. Esta aspiración no parte
de un simple capricho. El derecho a la consulta de los pueblos originarios,
plasmado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(signado y ratificado por México), tiene rango constitucional entre las normas
del país. No se puede decidir en las alturas del poder federal sobre lo que más
conviene para los pueblos indígenas. En ese proceder, las autoridades federales
muestran una actitud paternalista y condescendiente, además de
inconstitucional. El pueblo wixárika debe ser arquitecto de su propio futuro.
*Para más información sobre el tema, visitar
esta página.
-----------------
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.