martes, 29 de mayo de 2012

El futuro de Wirikuta debe surgir del consenso de las comunidades para las cuáles este territorio representa un pilar de su cosmogonía.



Wirikuta y el gatopardismo del gobierno federal
Por: Francisco Cravioto, investigador del área de Presupuestos y Políticas Públicas.
29 MAYO, 2012


El jueves pasado, como muchos otros, recibí con alegría la noticia de que la compañía minera Real Bonanza cedía su concesión sobre el Cerro Quemado a la Secretaría de Economía para que esta dependencia creara una reserva minera o, dicho en otros términos, un área no concesible a las actividades de extracción mineral. Sin embargo, el anuncio de inconformidad por parte del Consejo Regional Wixárika en Defensa de Wirikuta serenó mi estado de ánimo y me incitó a estudiar con más profundidad cuáles eran las implicaciones reales de esta noticia.

Básicamente, el gobierno federal propone dos cambios: uno a partir de la Secretaría de Economía (SE), y otro desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La Secretaría de Economía anunció que la empresa Real Bonanza, subsidiaria del consorcio canadiense First Majestic Silver Corp., estaba dispuesta a ceder sus títulos de concesión, sin remuneración alguna, sobre 761 hectáreas localizadas en torno al Cerro Quemado, altar sagrado para el pueblo wixárika en tanto que marca el sitio de nacimiento del Sol. La SE incorporaría estas 761 hectáreas a un terreno de aproximadamente 45 mil hectáreas donde establecería unareserva minera. Según el secretario Bruno Ferrari, la figura de reserva minera —desconocida hasta entonces— se refiere a un terreno que el gobierno no puede concesionar.

Suena bien, ¿no? Pues resulta que estas 45 mil hectáreas no retiran derechos a ninguna de las concesiones existentes. Esto es, el terreno que sobró de la repartición entre las empresas mineras sería lo único que la reserva minera protegería. Adicionalmente, incluye los terrenos de una vía férrea que, por ser terreno federal, no puede ser concesionada. Por otra parte, el Consejo Regional Wixárika ya había rechazado anteriormente el “regalo” de 761 hectáreas por parte de la minera Real Bonanza, pues lo consideraban como un soborno para poder comenzar a explotar zonas vecinas. Es más, esas hectáreas ya se encontraban protegidas de cualquier actividad minera por una medida cautelar judicial a raíz de que los wixáricas promovieron un amparo contra Real Bonanza.

De la otra propuesta del gobierno federal se encarga la Semarnat. Esta dependencia propuso que el área natural protegida de Wirikuta, que estableció el gobierno de San Luis Potosí en 1994, recibiese reconocimiento federal y se ampliara de las 140 mil hectáreas actuales a 200 mil hectáreas. Lo cierto es que el secretario Elvira Quesada no especificó cuándo se implementaría este cambio y tampoco ahondó sobre qué tipo de área natural protegida se busca crear. Este segundo punto es muy importante porque de no permitirse las actividades económicas tradicionales, muchos habitantes mestizos de la región podrían enfrentar dificultades para ganarse su sustento.

Lo preocupante es que la declaración de un área natural protegida federal no cambia, en lo sustantivo, la situación actual, puesto que ya existe un área natural protegida estatal en la zona y el conflicto persiste. Los opositores a la actividad minera en el territorio sagrado de Wirikuta recibieron la noticia con escepticismo: señalan que, a pesar de la existencia de un área natural protegida, han proliferado actividades de alto impacto ambiental como lo es la agroindustria jitomatera. Esta actividad ha provocado grandes daños por desmonte y sobreexplotación de las escasas fuentes de agua de la zona. ¿Por qué no se les solicitó que elaboraran una manifestación de impacto ambiental antes de echar a andar su producción? Si no se detuvo a los productores de jitomate, ¿qué garantías existen de que la Semarnat aplicará un criterio restrictivo en la evaluación de las manifestaciones de impacto ambiental de las empresas mineras?

En resumen, a pesar de los cambios propuestos por estas dependencias, lo único que detiene a las mineras para comenzar a explotar la zona es un solo trámite: la aprobación de una manifestación de impacto ambiental. El gobierno federal considera que ésta es garantía suficiente para satisfacer las demandas de los opositores. Los wixárikas, por el contrario, demandan más garantías. El anuncio con bombo y platillo de un viraje en la política federal promovidos por estas dependencias federales parece señalar cambios profundos en el territorio sagrado de Wirikuta; sin embargo, deja a los wixárikas en una situación de vulnerabilidad exactamente igual a la existente antes de que los secretarios plantearan sus propuestas. Como dijo el Príncipe de Salina en la novela de Lampedusa: “Todo tiene que cambiar para que todo pueda permanecer igual”.

Cualquier determinación sobre el futuro de Wirikuta, por favorable que sea, debe surgir del consenso de las comunidades para las cuáles este territorio representa un pilar de su cosmogonía. Esta aspiración no parte de un simple capricho. El derecho a la consulta de los pueblos originarios, plasmado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (signado y ratificado por México), tiene rango constitucional entre las normas del país. No se puede decidir en las alturas del poder federal sobre lo que más conviene para los pueblos indígenas. En ese proceder, las autoridades federales muestran una actitud paternalista y condescendiente, además de inconstitucional. El pueblo wixárika debe ser arquitecto de su propio futuro.

*Para más información sobre el tema, visitar esta página.
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