En Venado Mestizo nos solidarizamos con el pueblo rarámuri y sus acciones por la defensa de sus territorios que son amenazados por megaproyectos turísticos y de extractivismo de los recursos naturales, que están poniendo en peligro sus tierras y cultura.
Dignidad rarámuri en acción
por Víctor M. Quintana S.
Las y los
gobernadores rarámuris de Huetosachi, Bacajípare y Mogotavo, en la sierra
Tarahumara han dicho que no. No asistieron ni asistirán a las reuniones
del Consejo Consultivo Regional del Fideicomiso Barrancas del Cobre, convocadas
por el gobierno del estado de Chihuahua, mientras no se cumpla el mandato de la
Suprema Corte de Justicia en el sentido de que debe constituirse dicho consejo
y a él debe convocarse a todas las comunidades afectadas por el proyecto
turístico Barrancas.
Las autoridades indígenas señalan que dicha convocatoria
debe hacerse a todas las personas elegidas según los usos y costumbres de cada
comunidad de la zona afectada, no sólo a cuatro de ellas. Exigen, además, que
para participar en dicho consejo los diversos niveles de gobierno tomen en
cuenta sus demandas, la mayoría interpuestas ante el cúmulo de problemas
causados por el propio gobierno al implementar el proyecto turístico.
Desde 1996 el gobierno del estado de Chihuahua, sin consulta
previa ni tomar para nada en cuenta a las comunidades rarámuri de la zona,
lanzó con toda espectacularidad el proyecto turístico Barrancas del Cobre.
Contempla una serie de obras de infraestructura, de instalaciones hoteleras,
restauranteras, de diversas atracciones, etcétera. Las obras comenzaron hace 12
años. Lo más reciente ha sido la instalación del teleférico que atraviesa buena
parte de la imponente barranca.
Hasta ahora gobierno y particulares han invertido más de mil
millones de pesos a través del Fideicomiso Barrancas en infraestructura urbana
–sobre todo en la población de Creel–, remodelación de estaciones de tren,
construcción de locales comerciales, etcétera. Sin embargo, ni un centavo se ha
destinado a mejorar las condiciones de vida de las comunidades rarámuri de la
barranca: carecen de agua potable, de todo tipo de servicios, de atención
adecuada a la salud.
Todas estas obras han afectado seriamente el hábitat, los
lugares sagrados, los territorios, los terrenos agrícolas y de pastoreo de
varias comunidades rarámuri, entre ellas las de Huetosachi, Bacajípare y
Mogotavo. Esta última ha sido cercada por los terrenos destinados al turismo,
que la reducen prácticamente a la zona habitacional. Como es muy frecuente en
la sierra Tarahumara, resulta que las comunidades originarias son extrañas en
su propia tierra, pues los títulos de propiedad amparan a propietarios
mestizos.
Y aunque han llegado más turistas a la Barranca del Cobre,
también han llegado vendedores externos de artesanías que desplazan a los
rarámuri; se han contaminado sus aguajes con las descargas de los hoteles; se
acumula basura en los predios. También se han expandido la drogadicción, el
alcoholismo, y se ha intensificado la presión de los inversionistas y del mismo
gobierno sobre la tierra y sus propietarios ancestrales.
Ante todo ello, la tenacidad de dos gobernadoras de la
comunidad rarámuri de Huetosachi, María Monarca Lázaro y María Luisa Cruz, las
llevó a interponer un amparo ante las autoridades federales para que se respete
su derecho a la tierra y se les consulte antes de realizar cualquier inversión
en su territorio. El amparo fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, que en marzo pasado emitió un fallo histórico que obliga a los tres
niveles de gobierno a integrar a todas las comunidades rarámuri afectadas en el
consejo consultivo del proyecto turístico Barrancas del Cobre en Chihuahua y a
que cada año dicho consejo elabore una propuesta de inversión social para
beneficio de la vida de las comunidades, misma que nunca se ha hecho.
La resolución de la Corte ha empoderado a las tres
comunidades rarámuri. Desde hace cuatro meses han desatado un proceso de
información y discusión entre ellas sobre los impactos del proyecto turístico y
las exigencias que deben plantear al gobierno y a los inversionistas. Es así
que, cuando les llegó la convocatoria a participar en la reunión del consejo
consultivo para el pasado 25 de septiembre decidieron no asistir. Además de
exigir que se convoque por su nombre y apellidos a quienes todas las
comunidades afectadas han elegido como sus representantes, señalan que no
asistirán al consejo en tanto no se resuelvan sus demandas:
Primero, que se paren las obras y las construcciones hasta
que se informe sobre los planes del proyecto turístico como el aeropuerto, el
parque de aventura, la deforestación y la extracción de materiales. Segundo,
que se agilicen los trámites para solucionar sus demandas en torno a los
derechos sobre su tierra. Tercero, que se les proporcione información sobre el
proyecto para poder explicarla a todos los miembros de la comunidad, con el
tiempo necesario para discutirla en las comunidades para poder dar su palabra y
que ésta sea respetada y llevada a la práctica.
La dignidad y la combatividad de las y los rarámuri, apoyada
en esta resolución de la Corte y en el artículo segundo constitucional, vienen
a sentar un formidable precedente. En esta coyuntura de despojos de recursos
naturales, de imposición de megaproyectos turísticos, de expansión
del extractivismo, las comunidades movilizadas, exigiendo participación, con
todo el apoyo de la legalidad y las instancias que la vigilan, constituyen un
instrumento inmejorable y una inspiración para los pueblos que defienden sus
territorios, sus recursos naturales, los lazos, usos y costumbres que generan y
reproducen su comunidad.
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La Jornada
28 de septiembre del 2012
