El pasado viernes
9 de agosto del 2013, en un evento donde
los tres órdenes de gobierno mostraron el control que ejercen sobre las
comunidades indígenas a través del Consejo Nacional para el Desarrollo de las
Comunidades Indígenas (CDI), muy al estilo de los gobiernos priistas, con gala
de alabanzas a los poderes ejecutivos, dependencias de gobierno y funcionarios,
hicieron entrega de un título de propiedad de 3.5 hectáreas, área en donde se ubica el sitio sagrado de
Tatei Haramara, en San Blas, Nayarit, a
la Unión Wixarika, A.C., una asociación civil creada y cobijada por la CDI, la
cual dicho sea de paso no representa a todo el pueblo Wixarika, ni a los
Nayerhi, (Coras), ni a los Odam, (Tepehuanos), pueblos que comparten desde
tiempos ancestrales, este sitio sagrado denominado para los Wixaritari (Huicholes) como
Tatei Haramara y Tatei Niwetsika, y en lengua del pueblo Nayerhi, como
Chejvimu’na y Jusiu’mu’na.
En una forma
burlesca, bien disfrazada por la acostumbrada demagogia sobre la gran
preocupación que tienen los gobiernos y sus titulares por los grupos
originarios del país, alardeando del gran avance en temas de salud,
alimentación, educación, etc., hicieron referencia al gran esfuerzo que ha
hecho el gobierno actual, ya que los gobiernos anteriores dijeron, nunca se
habían preocupado por atender las demandas y necesidades de estos grupos, y hoy
se les hacía justicia al reconocer sus derechos, entregándoles este título de
propiedad que les dará según dijeron certidumbre, y puedan así continuar realizando sus tradiciones,
llevando sus ofrendas y solicitando la protección de sus dioses.
En un bien
controlado evento, con el acarreo de unos 1500 indígenas, procedentes de diferentes
regiones, mas paleros, incondicionales del gobierno y alguno que otro
mirón, el evento inició con una
ceremonia tradicional guiada por marakames, en el Ririki y cueva sagrada, en la cual participaron disfrazados de
Wixaritari, los funcionarios de primer nivel, Roberto Sandoval, Gobernador
Constitucional de Nayarit, la Lic. Nubia Mayorga Delgado, titular de la CDI, el Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y
Urbano, Jorge Carlos Ramírez, además de algunos otros funcionarios, quienes no
pudieron evitar hacer el juego a sus jefes y ponerse al menos un sombrerito.
Después de las
presentaciones hicieron una remembranza a su manera de como el gobierno se
esforzó para llegar a un acuerdo entre sus dependencias ya que la Secretaría de
la Reforma Agraria, ahora SEDATU, reconoce esos terrenos como nacionales y por
ello otorga derechos a un grupo denominado la Nueva Villa de San Blas, quienes
se ostentan como legítimos dueños de miles de hectáreas, que van desde San Blas
y hasta el río Santiago, basados en un
título de la época virreinal, (lo cual jamás fue mencionado en el discurso),
siendo que ninguno de los miembros actuales de esta organización podría
demostrar ser descendiente de aquel grupo de habitantes indígenas a quienes les
fue otorgado dicho título. Hoy día es un grupo de alrededor de 300 personas, oportunistas,
algunos originarios de San Blas, pero los mas, procedentes de diferentes
estados de la república, ahora asentados en San Blas, quienes ven la
oportunidad de lograr el beneficio de obtener tierras apoyados en la corrupción
del sistema, lo cual ya fue demostrado con una resolución favorable dictada por
un juez federal.
En el discurso
solo mencionan que gracias a la gran disposición que ha mostrado esta
organización les fue cedida esta fracción y de esta manera la SEDATU, (antes
SRA), les otorga este título de 3.5
hectáreas.
La realidad es
que de los cientos de hectáreas que comprende la Isla del Rey, el gobierno Federal a través de la ahora
Secretaría de Desarrollo Agrario territorial y Urbano (SEDATU) y la Secretaria
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT) han repartido y reconocido como propietarios por
un lado a esta denominada comunidad indígena de la Nueva Villa de San Blas, y por
otro a empresas privadas, (lo cual también curiosamente olvidaron mencionar en
su discurso). La SEMARNAT por su parte reconoce esos mismos terrenos como zonas
federales y ganados al mar y ha otorgado concesiones y posteriormente desincorporado
de la Federación para convertir ahora en terrenos privados la cantidad de 99.964.085
hectáreas , a nombre de dos empresas
fantasmas denominadas Desarrollos Turísticos Aramara, S.A. de C.V. y
Desarrollos Turísticos del Rey, S.A. de C.V., la primera con 354.364.89 metros
cuadrados , y la segunda con 645.275.96 metros cuadrados, lo que representa
toda una amenaza para los grupos indígenas originarios, y una muestra de la
burla que disfrazan al ignorar lo que originalmente los pueblos originarios
conciben como sitio sagrado, en el que consideran todos los elementos del
paisaje del cual forman parte todos sus dioses, y por lo que su demanda ha sido en el sentido
de la protección de todo este territorio y no limitarlo a 3.5 hectáreas. Además
con esto favorecen a una organización particular como lo es la Unión Wixarika,
A.C. reconociéndoles como los dueños, siendo que no representan a todos los
grupos indígenas mencionados, excluyendo por su naturaleza individualista, el
uso, posesión o propiedad comunitaria de las comunidades, Wixarikas, Narerih y
Odam, siendo que legalmente este título de propiedad entregado, no es una forma
de protección cultural, sino la simple entrega del derecho de propiedad privada
de ese terreno a una asociación civil. Finalmente otro bien montado espectáculo
en el que los tres órdenes de gobierno pretenden hacer creer a la opinión
pública el respeto a los derechos colectivos, utilizando a los grupos
originarios.
Juan García
13 de agosto del 2013
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