Magdalena Gómez
La Jornada
9 de octubre del 2012
A tres días
de las consuetudinarias y centenarias conmemoraciones del 12 de octubre y a 20
años del famoso quinto centenario, los pueblos indígenas enfrentan amenazas
devastadoras ante las cuales esgrimen su proverbial resistencia y, en
ocasiones, contadas, por cierto, los derechos logrados les sirven para
contenerlas. Hoy el asunto de la deuda histórica hacia los pueblos
indígenas, siendo real, ya no resulta suficiente para colocar la grave
situación que viven dichos pueblos. Diría que se abrió una nueva cuenta que
tiene como centro el impacto del neoliberalismo con la activa participación del
Estado, en especial durante las tres últimas décadas. Para solventarla o por lo
menos renegociar dicha deuda, se requiere colocar en el centro la reforma del
Estado, ya no sólo desde el plano electoral, como gusta a la clase política,
sino de manera integral redefinir el proyecto de nación, y con ello,
obviamente, el modelo económico.
En lugar de ello, el Estado mexicano ha optado por
apropiarse del discurso indígena para diseñar más que un traje, un disfraz,
para decirlo a la manera de Lowenstein. En ese contexto resulta muy pertinente
la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al emitir el
pasado 28 de septiembre una recomendación paradigmática, en respuesta a las
quejas motivadas por la existencia de actividades mineras en el sitio sagrado
indígena Wirikuta, en agravio del pueblo indígena wixárika.
La CNDH se refiere a la violación de sus derechos humanos
colectivos a la consulta, uso y disfrute de los territorios indígenas,
identidad cultural, medio ambiente sano, agua potable y saneamiento y
protección de la salud (56/2012).
En su amplio argumento, basado tanto en la revisión de
documentos oficiales como en periciales recabadas, destaca cómo desde el
inicio, en años anteriores, de procedimientos administrativos para otorgar
concesiones y autorizaciones mineras en Wirikuta existieron omisiones de las
autoridades de los tres niveles de gobierno para preservar íntegramente los
recursos naturales de la zona, así como la ausencia de diligencias adecuadas
para verificar las condiciones de las empresas mineras que realizan o han
realizado operaciones en ese territorio, lo cual, agrega, constituyen una
violación a los derechos al acceso, uso y disfrute de las tierras indígenas, a
la consulta y a la identidad cultural del pueblo wixárika”. En especial señala
que la Secretaría de Economía ha otorgado concesiones mineras inconsultas que
han puesto en peligro constante la integridad de los territorios sagrados de
los wixáritari. A partir del derecho internacional relativo a pueblos
indígenas, en concordancia con la reforma al artículo 1º constitucional y la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CNDH sale al
paso de los clásicos argumentos defensivos y restrictivos de legaloide
apariencia y anota que, si bien es cierto que la Ley Minera y su reglamento no
contemplan procedimiento alguno para incluir la consulta a los pueblos
indígenas en relación con concesiones que puedan afectar sus intereses y
derechos, ello resulta secundario ante la preeminencia de los convenios
internacionales en materia de derechos humanos. También comenta la
insuficiencia que muestra la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente al establecer un procedimiento de consulta pública,
mismo que puede ser ejercido cuando una persona está interesada en conocer el
proyecto. Señala que incluso en esa óptica la consulta pública no se llevó a
cabo en el caso de los procedimientos de evaluación de la actividad minera en
Wirikuta, por lo que ese medio no sustituye el derecho a la consulta con el que
cuentan los wixáritari.
En suma, sugiere la revisión de concesiones mineras, la toma
de acciones de resarcimiento, el respeto al derecho de consulta, coloca en el
centro las violaciones presentes no sólo en el caso abordado y si bien las
medidas concretas que se sugieren no son imperativas, las secretarías de
Economía, Medio Ambiente, Profepa, Conagua, la CDI, el gobernador de San Luis
Potosí y autoridades municipales deberán responder.
Por lo pronto considero que es urgente demandar la creación
de una comisión nacional de la verdad que audite las decisiones de Semarnat, la
Secretaría de Economía y todas las dependencias involucradas en complicidades
con compañías trasnacionales, para que se deslinden responsabilidades y, en su
caso, se definan alternativas para suspender aquellas concesiones otorgadas de
manera irregular. Los saldos del calderonismo, aparte de las víctimas de la
guerra contra el narcotráfico, también se expresan en las cifras de territorio
nacional concesionado a mineras trasnacionales cuyo destino preferente son los
territorios indígenas. En suma, la CNDH con el caso wixáritari ha mostrado la
punta del iceberg.
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